Bush promulgó la ley de espionaje doméstico un día después de que el Senado, de mayoría oficialista, la aprobara por mayoría. La norma permitirá el espionaje de las conversaciones telefónicas y correos electrónicos que entren o salgan del país, tanto de ciudadanos estadounidenses como extranjeros.
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, promulgó este jueves la controversial ley de espionaje interno que permite vigilar conversaciones telefónicas y de correos electrónicos.
Según el mandatario estadounidense, la norma, que había sido aprobada el día anterior por la Cámara de Senadores, controlada por el gobernante Partido Republicano, permitirá combatir más efectivamente el "terrorismo".
"Esta ley protegerá las libertades de nuestros ciudadanos mientras mantiene el flujo vital de inteligencia", aseguró Bush durante el acto de promulgación en la sede del Ejecutivo.
La ley, apoyada por el pre candidato presidencial demócrata, Barack Obama, permite al Gobierno espiar las conversaciones telefónicas y correos electrónicos que entren o salgan del país, tanto de ciudadanos estadounidenses como extranjeros, y blinda a las compañías que prestan estos servicios de posibles demandas judiciales.
Con la rúbrica culminó un agrio debate de meses entre las bancadas demócratas y republicanas por las facultades que tendrá la administración.
El voto de los senadores fue contundente: 69 votos a favor y 29 en contra.
Días atrás, el senador demócrata Russ Feingold criticó la medida, impulsada por la Casa Blanca.
"Esta legislación va a ser recordada como la que el Congreso concedió al Ejecutivo para manipular nuestras comunicaciones internacionales, con muy poco control", subrayó.
Ley es inconstitucional
La Unión Norteamericana para las Libertades Civiles (ACLU) también cuestionó la propuesta e introdujo una acción judicial para impedir que el Ejecutivo pueda aplicarla y sea declarada inconstitucional, porque es como darle "un cheque en blanco" para interceptar las comunicaciones domésticas.
"Resultará muy decepcionante ver en vigor algo tan horrible", declaró la directora de la Oficina Legislativa de la ACLU, Caroline Fredrickson.
La demanda fue presentada por la ACLU en nombre de una coalición de abogados, organizaciones de derechos humanos y laborales y medios de comunicación, cuya "capacidad de realizar su trabajo", que se basa en información confidencial, se verá comprometida con esta ley.
En un comunicado, la ACLU argumenta que la nueva norma, que reforma la llamada Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA) de 1978, supone un abuso de los poderes de un gobierno y viola la Constitución estadounidense.
"La nueva ley permite al Gobierno espiar sin tener que contar a ninguna corte a quién pretende vigilar, qué líneas telefónicas serán objeto de las escuchas, qué direcciones de correos electrónicos quiere espiar, dónde están localizadas las personas afectadas, o por qué está haciendo esto", apuntó la ACLU.
Los codemandantes son The Nation y dos de sus periodistas, Amnistía Internacional, Global Rights, Global Fund for Women, Human Rights Watch, PEN American Center, Service Employees International Union, Washington Office on Latin America, International Criminal Defense Attorneys Association y tres abogados.
En 2006, la ACLU presentó una demanda contra la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que, como encargada del espionaje de las telecomunicaciones, gestionó con la autorización de Bush un programa de escuchas sin necesidad de pedir permiso judicial después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
La organización ganó el juicio en primera instancia, pero una corte de apelaciones desestimó el caso y el Tribunal Supremo rechazó a principios de este año retomar el asunto.
Según el mandatario estadounidense, la norma, que había sido aprobada el día anterior por la Cámara de Senadores, controlada por el gobernante Partido Republicano, permitirá combatir más efectivamente el "terrorismo".
"Esta ley protegerá las libertades de nuestros ciudadanos mientras mantiene el flujo vital de inteligencia", aseguró Bush durante el acto de promulgación en la sede del Ejecutivo.
La ley, apoyada por el pre candidato presidencial demócrata, Barack Obama, permite al Gobierno espiar las conversaciones telefónicas y correos electrónicos que entren o salgan del país, tanto de ciudadanos estadounidenses como extranjeros, y blinda a las compañías que prestan estos servicios de posibles demandas judiciales.
Con la rúbrica culminó un agrio debate de meses entre las bancadas demócratas y republicanas por las facultades que tendrá la administración.
El voto de los senadores fue contundente: 69 votos a favor y 29 en contra.
Días atrás, el senador demócrata Russ Feingold criticó la medida, impulsada por la Casa Blanca.
"Esta legislación va a ser recordada como la que el Congreso concedió al Ejecutivo para manipular nuestras comunicaciones internacionales, con muy poco control", subrayó.
Ley es inconstitucional
La Unión Norteamericana para las Libertades Civiles (ACLU) también cuestionó la propuesta e introdujo una acción judicial para impedir que el Ejecutivo pueda aplicarla y sea declarada inconstitucional, porque es como darle "un cheque en blanco" para interceptar las comunicaciones domésticas.
"Resultará muy decepcionante ver en vigor algo tan horrible", declaró la directora de la Oficina Legislativa de la ACLU, Caroline Fredrickson.
La demanda fue presentada por la ACLU en nombre de una coalición de abogados, organizaciones de derechos humanos y laborales y medios de comunicación, cuya "capacidad de realizar su trabajo", que se basa en información confidencial, se verá comprometida con esta ley.
En un comunicado, la ACLU argumenta que la nueva norma, que reforma la llamada Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA) de 1978, supone un abuso de los poderes de un gobierno y viola la Constitución estadounidense.
"La nueva ley permite al Gobierno espiar sin tener que contar a ninguna corte a quién pretende vigilar, qué líneas telefónicas serán objeto de las escuchas, qué direcciones de correos electrónicos quiere espiar, dónde están localizadas las personas afectadas, o por qué está haciendo esto", apuntó la ACLU.
Los codemandantes son The Nation y dos de sus periodistas, Amnistía Internacional, Global Rights, Global Fund for Women, Human Rights Watch, PEN American Center, Service Employees International Union, Washington Office on Latin America, International Criminal Defense Attorneys Association y tres abogados.
En 2006, la ACLU presentó una demanda contra la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que, como encargada del espionaje de las telecomunicaciones, gestionó con la autorización de Bush un programa de escuchas sin necesidad de pedir permiso judicial después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
La organización ganó el juicio en primera instancia, pero una corte de apelaciones desestimó el caso y el Tribunal Supremo rechazó a principios de este año retomar el asunto.
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